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El modus operandi de la fuerza armada colombiana fue similar al del ataque contra el campamento del comandante Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, que acabó con la vida de 25 personas el 1 de marzo de 2008. En plena madrugada, mientras los guerrilleros celebraban el año nuevo, aviones de la Fuerza Aérea colombiana bombardearon la zona selvática del municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta (centro este), sobre lo que afirman era un campamento del Frente 43 de las FARC-EP, en el que se encontrarían un centenar de insurgentes. La versión oficial, difundida por las autoridades y los medios de comunicación colombianos, habla de al menos “dieciocho guerrilleros muertos y trece capturados” durante el bombardeo y posterior ataque por tierra, en un operativo conjunto de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Fuerza Aérea, autorizado por el ministro de Defensa, Gabriel Silva.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presidido por el ex magistrado Luis Carlos Bonilla Rico, a través del abogado Luis Carlos Domínguez Prada presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado demanda de Nulidad del Acuerdo suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que entre otras cosas, permite la instalación de siete bases militares norteamericanas en territorio colombiano.

El vocero de la organización, Juan Carlos Bonilla, dijo que es un nuevo acuerdo bilateral y no la continuación de uno ya existente, como lo afirma el Gobierno, y de ahí la necesidad de que pase por la aprobación del Congreso de la República.

El periodista colombiano, Harold Humberto Rivas Quevedo, conductor de televisión regional en la ciudad de Buga (Valle del Cauca) y comentarista deportivo en emisoras de radio, fue asesinado minutos después de concluir uno de sus programas, con lo cual la lista de periodista muertos a manos del sicariato en el 2009 aumentó a 7.  Eduardo Márquez, presidente de la Federaciones Colombiana de Periodistas (Fecolper) y director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), declaró que 'estamos cansados de ver caer a nuestros colegas por informar a sus comunidades ante la mirada pasiva de autoridades y ciudadanos'.

Tras llegar al poder en 2002, el autoritario Álvaro Uribe Vélez puso rápidamente en ejecución su "política de seguridad democrática", auténtica estrategia de guerra que cuenta con una red de un millón de informantes, compañías de seguridad privadas y soldados campesinos, la cual provoca una criminalización del pensamiento crítico, un fortalecimiento del Código Penal, redadas masivas en las ciudades y en los campos, la detención y el encarcelamiento, a menudo sin mandato ni pruebas - cuando no totalmente fabricadas, de miles de dirigentes y activistas de movimientos agrarios, obreros y estudiantiles y defensores de los derechos humanos.